FESVET SE POSICIONA CONTRA EL PROYECTO DE DECRETO ARAGONÉS SOBRE AUXILIARES DE INSPECCIÓN VETERINARIA

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La Federación Estatal de Sindicados Veterinarios (FESVET) se ha manifestado contra el proyecto de un nuevo decreto de la Comunidad Autónoma de Aragón, dirigido a regular la figura del Inspector Veterinario Oficial en mataderos.

En su comunicado, FESVET acusa al documento de querer “amparar legalmente la sustitución parcial del Inspector Veterinario Oficial en mataderos por un trabajador de la empresa privada habilitado para algunas de sus labores mediante una formación muy inferior la requerida para este tipo de trabajo”

La Federación pone en valor la importancia y especialización que exige la inspección oficial veterinaria en mataderos y la necesidad de que este trabajo lo realice un veterinario como profesional sanitario. No en vano, según indica, “recibe a su paciente como si de la consulta de un médico se tratara y analiza antes de su sacrificio cualquier signo que pueda hacer sospechar de alguna enfermedad o contaminación transmisible al hombre. Tras su muerte, el facultativo escudriña todas las partes del animal, con similares técnicas y conocimientos a los que un forense de medicina humana utilizaría, para confirmar o descartar la existencia de algún tipo de riesgo sanitario”.

FESVET denuncia, además, que el decreto “pretende que trabajadores de la empresa privada con una cualificación que está a años luz del facultativo veterinario, asuman tareas forenses y anatomopatológicas vitales para la calidad de la Salud Pública Comunitaria, y que éstos estén sometidos solamente a controles periódicos por parte de los servicios veterinarios oficiales”.

La Federación compara la realidad resultante con la medicina humana, apuntando que “sería similar a que decidiéramos que, en lugar de atendernos en la consulta un médico especialista, lo hiciera el cuerpo de celadores con un cursillo acelerado y habiendo pasado un test, y que el médico viniera tan solo una vez a la semana para auditar y comprobar si los medicamentos y tratamientos que nos prescriben son los adecuados”.

El comunicado advierte finalmente que el “decreto también abriría las puertas a que las empresas privadas contraten otros profesionales que no tienen competencias legales en la inspección de alimentos de origen animal para hacer trabajos que corresponden al veterinario, con el consiguiente intrusismo laboral. O que se contraten veterinarios en puestos de inferior categoría para que hagan un trabajo mucho más precario y menos especializado con una inferior remuneración”