El Presidente entrega un dosier, para que sea trasladado al Gobierno de la Nación, en el que se resalta la incongruencia de que el IVA aplicado a la atención sanitaria veterinaria a los animales de compañía sea del 21%. El informe condensa la justa y necesaria reivindicación de la clínica veterinaria asturiana relativa a la bajada del IVA, del tipo general al reducido, y el beneficio que conllevaría en la salud animal, la economía de los propietarios de las mascotas y la estabilidad en la profesión.
El presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias, Armando Solís, se ha reunido con la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, para trasladarle las principales inquietudes del sector, de tanta relevancia para la salud pública. A la reunión también asistió el Director de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno, Enrique Rodríguez Nuño. Entre los asuntos tratados, ha tenido especial protagonismo la situación del IVA aplicado a los servicios veterinarios en nuestro país, que desde el año 2012 tributa al 21% en lugar del tipo reducido anterior a la reforma.
Y es que el Colegio de Veterinarios sigue defiendo con rigor su carácter sanitario, reconocido por la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesionales Sanitarias, aunque sin coherencia con el tipo de tributación que se le impone a su servicios desde el año 2012. En este sentido, reivindican su papel a la hora de proteger a la población de zoonosis (enfermedades transmitidas de los animales a las personas).
El Presidente señala que mantener el adecuado seguimiento veterinario de los animales de compañía es crítico para proteger la salud y bienestar de las personas, especialmente ante el creciente número de mascotas que se registra en la actualidad (cerca de 170.000 en Asturias y más de 22 millones a nivel nacional).
Una exigencia que, según los profesionales veterinarios, se vería favorecida por el ajuste del IVA al 10%,. Y es que, tal como señalan, “perros, gatos, hurones y otros animales de compañía pueden portar enfermedades trasmisibles a las personas que sólo el profesional veterinario puede detectar, pues no provocan síntomas visibles en el animal; un control sanitario difícil de mantener en las circunstancias impositivas actuales”, que grava la economía de los propietarios de los animales de compañía y debilita la estabilidad en la profesión.
